La sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ha admitido a trámite el recurso interpuesto por Coalición Canaria contra la orden del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se autoriza a la SIEP el uso de la parcela para la cárcel de Juan Grande.

La controversia que ha generado la elección de Juan Grande como sitio idóneo para la ubicación del futuro centro penitenciario de Gran Canaria ha emprendido un giro inesperado. Coalición Canaria, que hasta este momento se había mantenido en una situación expectante, ha decidido ponerse del lado de los vecinos que rechazan dicha instalación, recurriendo la orden departamental que autorizó el uso del suelo para actuaciones preparatorias y el estudio de la idoneidad de la parcela para la cárcel.

Los nacionalistas consideran que la autorización tal y como se ha tramitado «es una aberración jurídica», comentaron letrados de la organización política, quienes acusan al consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, «de ir por libre» y tomar decisiones «sin consultar ni informar» al presidente del Ejecutivo regional, Paulino Rivero.

Los dirigentes consultados consideran que el trámite está viciado «porque no se puede autorizar el uso de un suelo propiedad de la Comunidad Autónoma de Canarias con una simple orden, saltándose todo el procedimiento administrativo, que lo mínimo que exige es incoar el correspondiente expediente administrativo y dar traslado del mismo al presidente del Gobierno», indicó.

Recurso

El recurso de CC ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, en el que interviene el letrado, José Mateo Faura, ha dado lugar a que el órgano judicial reclamase a la Administración autonómica, mediante providencia de fecha 20 de junio de 2008, el expediente administrativo de la autorización, que deberá ser remitido en el plazo improrrogable de veinte días, contados a partir de la fecha de notificación, realizada el pasado 25 de junio de 2008.

La decisión de CC de llevar la orden de Soria a la Sala de lo Contencioso Administrativo se entiende como el primer paso del Gobierno regional para obstaculizar definitivamente la instalación de la prisión en los terrenos de Juan Grande y obligar a la SIEP a elegir algunas de las alternativas evaluadas en el Plan Territorial Especial de Instalaciones Penitenciarias de Canarias, el cual se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac).

Admitido a trámite el recurso contencioso, opinan que la entidad estatal responsable de la construcción del centro penitenciario debería ordenar la retirada de la maquinaria de los terrenos de Juan Grande hasta tanto se resuelve el litigio.

Entradas similares:

1. Julios anuncia que “CC en Gran Canaria seguirá trabajando” para transparentar el proyecto de la cárcel.
2. CC en Gran Canaria muestra su desacuerdo con que el Gobierno canario venda terrenos al Estado para la cárcel en la isla
3. El presidente de Coalición Canaria por San Bartolomé de Tirajana, José Luis Vega, sigue reuniéndose con diferentes colectivos y representantes sociales de este municipio